REUTERS– 19:10 – 3/04/2018
La demanda civil fue presentada hace una década por ocho familias de víctimas en el período de conflicto social en el país sudamericano conocido como la «Guerra del Gas», durante el cual murieron más de 60 personas y cientos resultaron heridas.
El caso fue sometido a juicio en una corte federal en Fort Lauderdale, Florida.
Los demandantes alegaron que los exlíderes del gobierno boliviano ordenaron a militares usar la violencia para reprimir las manifestaciones contra un plan para exportar gas natural a través del vecino Chile.
Los abogados defensores que representan a los exlíderes dijeron que confiaban en que el tribunal revocará el veredicto del jurado.
Sánchez de Lozada, un magnate de la minería educado en Estados Unidos, y su ministro de defensa Carlos Sánchez Berzain, renunciaron en octubre de 2003. Ambos huyeron de Bolivia para vivir en el exilio en Estados Unidos.
Las protestas ayudaron a impulsar el ascenso al poder del líder izquierdista Evo Morales, quien cumplió con las demandas de los manifestantes de nacionalizar la industria del gas natural después de asumir el cargo en 2006.
«Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia», dijo Morales en Twitter.
El Gobierno boliviano ha buscado repetidamente la extradición de Sánchez de Lozada.
Los familiares están representados por un equipo de abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) -un organismo sin fines de lucro-, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y varios estudios privados de abogados.
Estados Unidos permiten la presentación de demandas civiles en el país en ciertos casos internacionales de derechos humanos.
Los demandantes incluyeron una pareja cuya hija de ocho años recibió un disparo de bala perdida.
El CCR dijo en un comunicado que el juicio de derechos humanos de tres semanas es el primero en la historia de Estados Unidos en el que un exjefe de Estado se sienta ante los acusadores en un litigio de este tipo.
Partidarios de Sánchez de Lozada han dicho que algunos de los manifestantes estaban armados y que era difícil determinar quién disparó en medio del caos.
«No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba es tan deficiente que el caso nunca debería haber llegado a un jurado», dijeron en un comunicado los abogados defensores Stephen Raber y Ana Reyes de Williams & Connolly.
