Lasmuertes violentasde funcionarios públicos ocandidatos electosen México sigue siendo una asignatura pendiente pues en los primeros 30 días de este nuevo gobierno que encabezaAndrés Manuel López Obradorsuman11 víctimas; ellos tendrán que sumarse a los523que se registraron a lo largo de 2018. Lascausasvan de lo local a lo estructural enmateria de seguridadpor lo que el fenómeno está lejos de haber sido resuelto y tendrá que ser tomado en cuenta por todos losniveles de autoridadsi es que en realidad se busca enfrentarlo a fondo.
Las cifras deben ponderarse, tanto en locronológicocomo en la jurisdicción a la que correspondan; por supuesto que la muerte de cualquier político genera “estridencia mediática” por el mensaje que el personaje o el hecho violento puede generar. Las cuentas de diversos medios periodísticos indican que desde el1 de diciembre, día en que tomó posesión como presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 11 políticos, en su mayoría, autoridades electas como alcaldes y regidores.
Al inicio de año Oaxaca se volvió un foco rojo por la agresión directa enTlaxiacodonde murió ni más ni menos que el presidente municipal,Alejandro Aparicio Santiago, y a las pocas horas el síndicoPerfecto Hernández Gutiérrez, ambos postulados por Morena. El 3 de enero, el dirigente municipal de ese mismo partido en San José del Progreso, municipio de Villa de Tututepec, y ex integrante del Partido Unidad Popular (PUP),Cutberto Porcayo Sánchez, fue asesinado a balazos.
Ya desde el 2018 cobraron relevancia los recuentos y los estudios realizados por la consultoría políticaEtellekt, centrados precisamente en retratar elfenómenode la violencia política tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Los últimos datos disponibles describen elMéxico rojorelacionado con el fenómeno político:
– Durante elproceso electoral 2018, 152 personas fueron asesinadas: 133 hombres y 19 mujeres.
– De ellos48 eran precandidatosy candidatos a puestos de elección.
– También fueron asesinados351 funcionarios no electos; 307 de ellos pertenecían a agencias de seguridad.
– La suma total de 2018 es de523 políticosy funcionarios.
– A considerar que se reportaron774 agresiones, de las cuales 715 fueron directas contra políticos y 59 contra familiares.
Lo más dramático, si es que aún puede subir “el volumen” de este fenómeno, es que en la mayoría de los casosno hubo detenidospor las agresiones. 2018 tiene el título del proceso electoral«más violentodesde la transición de 1997″ según Etellekt, pues en las anterioreseleccionesde2011-2012hubo solonueve asesinatosa políticos.
La pregunta lógica ante este panorama es ¿cuáles sonlas causasde estas agresiones y muertes a políticos en campaña, electos o en funciones? Las autoridades lanzan como primer argumento la presencia degrupos criminalesque buscan controlar la zona o los municipios donde se registra la violencia.
Para Etellekt, luego de cruzar datos y consultar expertos, hay una conclusión clara: la lucha poringresar a un puesto públicopodría ser la principal motivación detrás de los homicidios; en los estados en donde fueron perpetrados (Guerrero,Oaxaca, Puebla,Edomex, Chiapas,Veracruz) uncargo burocráticoes una de las principales oportunidades para que lapoblación escaleeconómica y socialmente.
Por supuesto que sí está presente el interés de ladelincuencia organizadapor controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad.
Se han detectado varios patrones, como el que los municipios que tuvieronmayores ataquescontra políticos soncolindantesy comparten problemas endelitos específicos, lo que hablaría de la creación de corredores para lo cual se hace necesario tener “blindajes” territoriales.